Honduras pretende cerrar la crisis política y social que inició el 28 de junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue destituido como presidente del país.La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su informe final donde concluye que en junio de ese año sí hubo un golpe de estado en el país, y no la sucesión constitucional que argumentó el gobierno del presidente interino Roberto Micheletti.
Pero al mismo tiempo, señala el informe, Zelaya no acató recomendaciones para suspender una consulta pública declarada ilegal, que pretendía justificar un referéndum para modificar la Constitución hondureña y permitir, eventualmente, la reelección presidencial.
Durante un año la CVR investigó los hechos antes y después de la crisis política. En esos meses los comisionados encontraron vacíos legales, denuncias de corrupción y especialmente violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades.
La CVR encontró que 20 personas murieron después del golpe de Estado. En algunos casos se comprobó la participación de autoridades, y en otros existen indicios que apuntan en esa dirección.
El castigo a estos abusos corresponde a los tribunales, le dice a BBC Mundo Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y comisionada de la CVR.
"La Comisión no es un tribunal ni fiscal para acusar, ni es juez para sentenciar", explica Castellanos.
El presidente Porfirio Lobo se comprometió a aceptar y dar seguimiento a las recomendaciones de la CRV. "La verdad es el inicio de todo proceso de curación", dijo al recibir el informe.
Leyes
La Comisión de la Verdad surgió como parte de los Acuerdos Tegucigalpa-San José, a finales de 2009, donde representantes de Micheletti y Zelaya negociaban, con mediación internacional, una salida al conflicto político.
El objetivo era identificar los hechos que propiciaron la crisis constitucional, y también ofrecer elementos para evitar que los hechos se repitieran.
La CVR se instaló en mayo de 2010. Los comisionados trazaron varias líneas de investigación que incluyeron el papel y desempeño de las fuerzas armadas, los medios de comunicación, partidos políticos, autoridades e iglesias.
También revisaron la historia del país desde 1980, cuando Honduras vivió varios golpes militares y un proceso de represión.
Un elemento fundamental fue el análisis de la Constitución que contiene los llamados "artículos pétreos", es decir, mandatos que ninguna institución o autoridad pueden modificar.
Una de las conclusiones fue que Honduras no tiene mecanismos claros para resolver conflictos entre los poderes del estado, que fue una de las razones que propiciaron el derrocamiento de Zelaya, explica la rectora de la Universidad.
En su análisis la CVR determinó que el Congreso no tiene atribuciones para destituir al presidente ni para nombrar al sustituto. Por lo tanto la designación de Micheletti fue "ilegal", y el gobierno que surgió a partir de ese momento es considerado "de facto".
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